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Reforma iniciada y retos pendientes en la nueva etapa de la cooperación española

Publicado el 21 de julio de 2008
La legislatura anterior supuso la apertura de un proceso de importantes cambios en la política española de cooperación internacional para el desarrollo. Por fin se desbloquearon muchas de las excusas que habíamos escuchado durante una década y media para impedir que se aumentara la Ayuda Oficial al Desarrollo, o para que empezaran a desaparecer de la cooperación prácticas muy habituales que beneficiaban principalmente a las exportaciones de empresas españolas, o para que parte de nuestros impuestos empezaran a dirigirse en forma de ayuda al continente africano. El amplio proceso de reformas iniciadas desde 2004 ha tenido una base de apoyo y de consenso social que ha señalado el camino de los responsables políticos, que eligieron muy bien a sus asesores y hacedores de las nuevas políticas. Pero no tenemos tiempo para las autocomplacencias y seguiremos, como siempre, hablando de futuro, del futuro de millones de excluidos en este tiempo llamado globalización.

Porque algunos de los retos planteados siguen pendientes, y otros apenas iniciados. Entre estos últimos esperamos con la expectativa algo alicaída a ver qué da de sí el iniciado proceso de reforma de la AECID, que hasta la fecha parece que le cuesta arrancar más preocupada de responder a burocracias administrativas y legales producto de su nuevo estatuto, que al espíritu con que se demandó y que la impulsó.

El anuncio de una nueva Ley de Cooperación no parece una propuesta aún muy clara. Al menos no procede de la demanda social como la vigente. En este sentido, puede hacernos dispersar fuerzas, al gobierno y a las organizaciones sociales cuando aún debemos desarrollar aspectos ya suficientemente legislados. Nadie quisiera que la apertura de un proceso legislativo como ese pudiera servir como cortina de humo.

Entre los pendientes la coordinación y complementariedad de la aún muy dispersa cooperación española, dispersa por la pluralidad de las administraciones que la ejecutan y por la escasa concentración de prioridades. Pero nos detenemos en la tan demandada reforma del FAD, el instrumento más antiguo de la cooperación española que sirvió más para atender a empresarios patrios que al desarrollo de los países del Sur. El Gobierno parece apuntar a que desvinculará definitivamente a las políticas de cooperación del “lastre” de la internacionalización de las empresas españolas. El lobby exportador español parece que ya se conformó –después de una década y media de zancadillas- aunque animado por la perspectiva de creación de un nuevo instrumento específico para sus necesidades de expansión internacional. El gobierno anuncia asociaciones y partenariados nuevos para la cooperación con el sector empresarial privado, lo que nos promete emociones fuertes. Sabemos bien desde nuestro trabajo y experiencia que no resulta fácil que las grandes empresas asuman prácticas claras de responsabilidad social ni con el medio ambiente de todos, ni tan siquiera con sus propios trabajadores, cuánto menos con los efectos de su actividad en el entorno en que actúan. Asistimos perplejos a sus políticas de comunicación y propaganda que tratan de construirse una imagen de responsabilidad y compromiso. Ya lo hemos dicho aquí antes, nos parecen obscenos esos anuncios que nos muestran una cara amable y solidaria de quienes se resisten a asumir que la responsabilidad social es algo más que una mano de pintura. No queremos que nuestro gobierno se asocie con cantos de sirena y exigiremos, como hemos hecho siempre, que los agentes de la cooperación sean promotores netos a la consecución de los retos del desarrollo humano.

La coherencia de políticas para el desarrollo que nos exige la actual conciencia global sobre la exclusión y la desigualdad va a terminar más pronto que tarde por cuestionar seriamente algunos principios básicos de la estructuración comercial y financiera internacional de corte netamente neoliberal. Apostamos por el fortalecimiento de las políticas públicas como garantía de sociedades más desarrolladas, que no más enriquecidas en términos de producto bruto o de renta nacional. Por eso la cooperación española debe seguir impulsando reformas que serán difíciles de consensuar con los agentes que apuestan por la lógica privatista y liberalizadora del crecimiento económico.

¿Y ahora, a la vuelta de la esquina?

El próximo otoño presenta una agenda plagada de momentos interesantes para el futuro de la cooperación, en el que el gobierno deberá esforzarse mucho para que se escuchen algunas de sus propuestas políticas en el concierto internacional. El seguimiento de los principios para mejorar la eficacia y la calidad de la cooperación, la reunión de alto nivel en Naciones Unidas para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la revisión de los acuerdos sobre financiación seis años después de Monterrey o las rondas negociadoras de comercio suponen un recorrido de aquí a final de año intenso, en el que esperamos que nuestro gobierno prosiga con mayor intensidad, más coherencia y mucha más eficacia influir en los espacios multilaterales para reorientar las políticas públicas globales hacia los deseos compartidos por todos los ciudadanos y ciudadanas de bien. Las organizaciones de sociedad civil también realizamos nuestro trabajo en torno a la misma agenda, deseamos formar parte de la delegación española que asistirá a finales de septiembre a Nueva York y esperamos poder presentar el informe de nuestro observatorio de políticas para el desarrollo sobre los escasos avances en la consecución de los Objetivos del Milenio, y sobre la necesidad de transformar políticas e instituciones con celeridad para cambiar el rumbo.

Estamos ante un ejemplo de enorme dramatismo y actualidad: Ahora, ante la exposición mediática de una crisis alimentaria que viene de muy atrás, algunos ya vieron con ello la oportunidad para tratar de finalizar las negociaciones de la Ronda de Doha argumentando que sería un éxito y una respuesta a la crisis. ¿Un éxito para quiénes? Para los que se beneficiaron de todas las negociaciones anteriores, para los grandes capitales invertidos en el agronegocio que no sólo es incapaz de proporcionar alimentos adecuados a toda la población –a pesar de producir beneficios multimillonarios a unos pocos- sino que causa deterioros ambientales severos y arroja a la miseria a millones de pequeños agricultores en todo el mundo.

Dicen los mentideros que la nueva responsable de la Secretaría de Estado de Cooperación sabe sobre todo de agricultura en virtud de su experiencia como eurodiputada. Debe por lo tanto conocer bien las limitaciones del modelo actual y cuál sería el magnífico impacto que tendría en los países del Sur la promoción de los circuitos cortos de comercialización, las políticas de ayuda a pequeños agricultores, el fortalecimiento de los mercados locales y todas aquellas cuestiones defendidas por millones de organizaciones campesinas de todo el mundo bajo el reclamo de Soberanía Alimentaria.

No vienen tiempos fáciles, los que manejan el dinero parece que decidieron aparcar durante un tiempo los riesgos, y –no nos engañemos- así también se limitan las iniciativas políticas más innovadoras. Hará falta mucho coraje, mucha complicidad y mucha audacia para que el proceso de reforma abierto en la legislatura anterior se consolide y continúe. En eso estaremos como siempre. No vaya a ser que volvamos al tiempo de las excusas.